¿Qué se pretende con este trabajo?
Partiendo de la inoperancia investigativa del Ministerio Público de la Acusación de Santa Fe, por la inacción de los Fiscales de Homicidios Andrés Marchi y Ana Laura Gioria, relacionado sobre el asesinato del niño Diego Martin Román, a escasos meses de cumplirse los cuatro años de su muerte, hacemos un repaso sobre lo denunciado públicamente a través de los distintos medios de periodísticos, no solamente sobre el “Caso Diego Román” sino también de otros delitos de prevaricación fiscal, encubrimiento y corrupción criminal institucionalizado que se encuentran encriptados en el organismo judicial. Esto llevó a los Fiscales Marchi y Gioria a responsabilizar la causa de muerte de Dieguito Román como consecuencia de “ataque de una jauría de perros”, cuya teoría del hecho nunca se acreditó.
Lo que se pretende a través de este trabajo, es orientar –modestamente– una opinión coherente acerca de la actividad judicial de la provincia de Santa Fe en el marco de un proceso penal a través de sus actores principales y ofrecerles –por ende– a la comunidad en su conjunto, destinataria de la funcionalidad judiciaria; una interpretación clara y precisa relacionado a la responsabilidad funcional de quienes están al frente del Ministerio Público de la Acusación sobre distintos procesos que se encuentran en juego derechos fundamentales de las personas que requieren una respuesta seria y ajustada a derecho por quienes tienen el deber de impartir justicia.
El delito de prevaricato fiscal, es un delito que se consuma a través del accionar abusivo del poder otorgado por el Estado a estos funcionarios, se confunde en una línea imaginaria, muy fina de separación con la figura del encubrimiento agravado por su condición. No todos los fiscales de la provincia se encuentran comprendidos en el marco de esta idea, sino que unos pocos enrostran a los demás y hacen que desnaturalice y se enmarque en otra figura delictiva que es precisamente, la corrupción criminal institucionalizada.
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